Competencias penales
El Vicepresidente 1º de la Legislatura, Cristian Ritondo y el Fiscal General de la Ciudad, Martín Ocampo encabezaron un debate sobre la transferencia de delitos de competencia nacional a la órbita de la justicia porteña. La apertura contó también con la presencia de los jueces federales Ariel Lijo, Marcelo Martínez Di Giorgi y Claudio Bonadío, el Fiscal Federal Jorge Di Lello y la funcionaria de Naciones Unidas Lucía Gómez Consoli.
El Fiscal General Martín Ocampo señaló que “la Ciudad debe tener los mismos poderes jurisdiccionales que las provincias”. Y agregó que “el sistema judicial de la ciudad de Buenos Aires es acusatorio, es decir que la carga del trabajo recae sobre los fiscales. La transferencias de delitos de la Nación a la Ciudad debe estar acompañada con los recursos necesarios para brindar un buen servicio de justicia a los vecinos”.
“Creo que primero se deberían transferir los juzgados nacionales a la órbita de la Ciudad y luego las competencias correspondientes”, finalizó el Fiscal General porteño.
Al respecto, Ritondo aseguró que “el Poder Judicial de la Ciudad, como uno de los tres poderes del Estado, debe ocupar el lugar que por derecho le corresponde, tanto a nivel presupuestario como de gestión. De esa manera dará el salto institucional que los representantes pretendemos y la sociedad reclama”.
A su turno, el juez federal Claudio Bonadío se refirió a los delitos en materia de drogas y aseguró que “hay mucha improvisación en cuanto a esto, los legisladores no tienen en cuenta los datos duros sobre la cantidad de drogas que se judicializan”. Bonadió advirtió que el 99 por ciento de las causas sobre drogas van a pasar a la órbita de la Ciudad y esto podría colapsar el sistema de justicia.
Por su parte, el fiscal federal Jorge Di Lello destacó que “desde el año 2003 (año en que se sancionó la ley 25.752, primera iniciativa para la Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Nación al ámbito porteño), la justicia federal viene trabajando con el Ministerio Público de la ciudad de Buenos Aires impulsando acciones comunes dejando de lado las discrepancias, algo que la Argentina necesita”.
En tanto, el juez federal Ariel Lijo hizo referencia al delito por enriquecimiento ilícito de funcionario público y al cohecho. Y sostuvo que “para tener éxito en las investigaciones hay que dejar de lado los tecnicismos y concentrarse en la creatividad a la hora de abordar los procesos judiciales”.
El juez federal Marcelo Martinez Di Giorgi se refirió a los delitos contra la administración pública al destacar una “necesidad de avanzar con una reforma del Código Procesal Penal, para dejar más en claro que es lo que se sanciona” y agregó “la ciudad de Buenos Aires cuenta con una ventaja por contar con un sistema acusatorio en el cual el requerimiento queda en manos del Fiscal. Esto simplifica bastante el trabajo del juez para que pueda investigar el origen de un incremento patrimonial”.
Las jornadas de debate, que se extenderá a lo largo hoy y mañana miércoles 24 de junio, gira en torno a la Ley 26.702 sancionada en 2011, sobre la transferencia de competencias para investigar y juzgar los delitos y contravenciones cometidos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta tercer transferencia, que actualmente tiene carácter de proyecto de ley, prevé la incorporación de delitos relacionados con lesiones graves, incumplimiento de deberes de funcionario público, tenencia de arma de guerra, estupefacientes, entre otros.
La norma es complementaria de las leyes 25.752 y 26.357 actualmente hay un proyecto de Ley en la comisión de Justicia de la Legislatura porteña que insta a la firma de un convenio entre Nación y Ciudad para hacer efectiva esta transferencia.
