Campagnoli podría ser Ciudadano Ilustre
Desde la Legislatura porteña el vicepresidente 1º Cristian Ritondo y el legislador del bloque Verde Alameda, Gustavo Vera, presentaron este martes 27 de mayo un proyecto para que se declare ciudadano ilustre a José María Campagnoli, el fiscal suspendido que se encuentra en proceso de destitución.
El vicepresidente 1º de la Legislatura porteña Cristian Ritondo y el diputado del bloque Verde Alameda, Gustavo Vera, son coautores del proyecto de ley para que sea declarado ciudadano ilustre de la Ciudad el fiscal sustituido en proceso de destitución, José María Campagnoli.
Para Ritondo, legislador del PRO, "el fiscal Campagnoli es el responsable de haber encontrado las pruebas necesarias para enviar a la cárcel a varios violadores seriales y a miembros que integraban bandas de salideras bancarias, tipología de delito que en Saavedra, la jurisdicción de Campagnoli, se redujo a cero. Esto ocurrió gracias a que en 1999 se integra al grupo de fiscales que inician la prueba piloto de una oficina descentralizada de fiscales en el barrio de Saavedra. La experiencia exitosa da pie a la ley que institucionaliza las Fiscalías de Distrito, sancionada en el año 2003".
Por su lado Vera recordó las investigaciones de durante el año 2013 que se conoció públicamente como "La Ruta del Dinero K", investigación sobre el empresario vinculado a la familia Kirchner, Lázaro Baéz, caso a partir del cual la procuradora general Alejandra Gils Carbó comenzó a hostilizar su trabajo, hasta presentar la acusación que derivaría en su suspensión y pedido de enjuiciamiento".
Para Ritondo y Vera queda claro que "Campagnoli no necesita recibir el nombramiento de ciudadano ilustre para ser un referente social o para continuar aportando al bien común. Es la ciudad de Buenos Aires la que necesita otorgar esta distinción, para echar luz sobre el presente desde faros que sean capaces de iluminar el futuro".
Fundamentos del proyecto de Ley:
José María Campagnoli nació en el año 1961 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estudió en el Colegio Nacional Nicolás Avellaneda, a la edad de 17 años ingresó como meritorio en el Poder Judicial (1978), estudió abogacía en la Universidad de Buenos Aires y desarrolló su carrera judicial en los juzgados penales en el Palacio de Tribunales y en las fiscalías descentralizadas de los barrios de Saavedra, Núñez, La Boca y Barracas. Actualmente vive en Las Cañitas, en el barrio de Palermo.
Campagnoli, a la par de la carrera de abogacía, llevó adelante la carrera judicial en el ámbito penal hasta llegar a secretario de un juzgado de primera instancia, desde donde fue designado Fiscal Nacional en lo Criminal de Instrucción en 1993.
Durante sus primeros años de trabajo en Tribunales se cansó de observar como a apenas 100 metros de ese Palacio donde se impartía Justicia, los negocios de la calle Libertad compraban y vendían autoestéreos robados con total impunidad y a la vista de todos, inclusive de jueces y fiscales. Entonces, ya designado fiscal, junto a otros colegas, impulsó un operativo conjunto en el cual se allanaron 28 locales y secuestraron 4000 estéreos robados.
En 1997, Campagnoli fue el encargado de investigar y acusar al concejal porteño y presidente del Concejo Deliberante José Manuel Pico por delitos de corrupción, más precisamente por haber cometido 542 estafas. Pico fue finalmente condenado a 14 años de prisión por defraudaciones, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
En otra mega investigación impulsada por su fiscalía sobre prostíbulos, Campagnoli mandó a juicio oral a 15 oficiales jefes de la policía por amparar la prostitución.
A fines de la década del `90, investigó redes de tratantes y proxenetas vinculadas a Raúl Martins, ex agente de la SIDE, que decide huir a México acorralado por las investigaciones de Campagnoli.
En 1999 se integra al grupo de fiscales que inician la prueba piloto de una oficina descentralizada de fiscales en el barrio de Saavedra. La experiencia exitosa da pie a la ley que institucionaliza las Fiscalías de Distrito, sancionada en el año 2003.
Como titular de la Fiscalía de Saavedra debió investigar la muerte de una madre y su hija al incendiarse el auto en el cual viajaban luego de ser embestido en la parte trasera por Sebastián Cabello, cuando corría picadas conduciendo un auto especialmente preparado para tal fin. Cabello fue condenado a 12 años de prisión y el fallo sentó un precedente, pues por primera vez se consideró como homicidio doloso correr picadas en la vía pública con un auto adaptado para alcanzar altas velocidades.
También tomó intervención en el crimen del joven Juan Manuel Canillas, secuestrado y luego asesinado. La investigación permitió desarticular a la denominada banda de “secuestradores VIP”, integrada por jóvenes de acomodada posición económica, finalmente condenados a cumplir prisión perpetua.
En 2003, Campagnoli es convocado por su colega Norberto Quantin, quien había sido designado por el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Beliz como secretario de Seguridad Interior para ejercer el rol de Subsecretario de Seguridad y Protección Civil. Otorgada la licencia en su puesto de fiscal, asume el cargo en junio del 2003 hasta su renuncia en julio de 2004.
Al frente de la Subsecretaría de Seguridad y Protección Civil tuvo que afrontar diversos casos de relevancia pública. Tal vez la más notoria fue la toma de la comisaría del barrio de La Boca, ocurrida cuando un grupo de dirigentes sociales indignados por la muerte de un compañero que militaba en ese barrio, bajo la sospecha de que la policía había liberado la zona para que el asesinato ocurriera, protestaron y ocuparon la comisaría, tomando de rehenes a algunos de los policías presentes. Anoticiado del suceso, Campagnoli se presentó en el lugar en carácter de Subsecretario y condujo la negociación con los ocupantes de la dependencia policial, principalmente con el dirigente piquetero Luis D’Elia, que asumía un rol de referente en la toma. Luego de tensas horas de negociación, se acordó que en la mañana siguiente, se retirarían del lugar de manera pacífica, previa identificación de todas las personas que concretaron la toma. Sin la actuación de Campagnoli, el camino más probable era el desalojo mediante la acción de la fuerza de infantería de la policía, lo que hubiera generado una pequeña masacre con muertos y heridos, dados los niveles de violencia que el episodio hubiera cobrado, la presencia masiva de familiares de los dirigentes sociales que ocupaban la comisaría, de una numerosa manifestación de piqueteros que ocurría en simultáneo en el Puente Pueyrredón, a pocas cuadras del lugar, donde se recordaba el segundo aniversario del asesinato de los militantes Kosteky y Santillán y las características de la comisaría, con una sola puerta de salida al frente del inmueble.
Pero además de las acciones concretas que le deparó el cargo, durante la gestión tuvo también posibilidades de participar en el diseño de políticas públicas, como por ejemplo el Plan Integral de Seguridad, que fuera lanzado por Néstor Kirchner y que entre sus propuestas más polémicas –y provocadoras para el establishment judicial, sobre todo del fuero federal- promovía la federalización de todos los jueces nacionales penales de la ciudad, de tal manera que el fuero federal se ampliara de los 12 juzgados de primera instancia federales y 6 juzgados en lo penal económico, a la totalidad de los juzgados nacionales con asiento en la capital federal. Se impulsaba además la creación de la Agencia Federal de Investigaciones para reemplazar numerosas funciones de la SIDE y de la Policía Federal, en tanto se avanzaba en la descentralización de las fiscalías y juzgados a los barrios, como ya ocurría con Saavedra, La Boca y Nueva Pompeya.
La propuesta, también contenida en un paquete de proyectos de leyes, incluía por ejemplo el abordaje a las comunidades vulnerables de adolescentes y jóvenes de entre 17 y 25 años proclives a delinquir –plan para chicos que hubieran tenido alguna entrada a dependencias policiales o penitenciarias o a institutos de menores- para capacitarlos en oficios y dotarlos de las condiciones básicas de empleabilidad o bien, apoyarlos para terminar el colegio. La prueba piloto que se implementó desde la Subsecretaría arrojó un resultado interesante: de un universo de 300 chicos hubo tan solo dos reincidencias.
Otra propuesta revulsiva fue promover que la cabeza de las fuerzas de Seguridad fueran civiles, así también como el encargado de Asuntos Internos, que tiene por responsabilidad investigar las denuncias que involucran a miembros de las fuerzas. Se proponía también mayores controles para las fuerzas de seguridad, premio por productividad en función de un mapa del delito que se mantuviera actualizado y permitiera un monitoreo y acceso del público a logros en materia de esclarecimiento de hechos.
Como un logro destacado de su gestión, Campagnoli resalta que frente a la gran cantidad de robos de automóviles seguidos de muerte, se logró una disminución significativa de esos hechos, a partir de procedimientos coordinados sobre los desarmaderos de la calle Warnes. El sistema implementado, denominado Plan de Vigencia de la Ley o Bloque de Legalidad, consistía en articular la actuación conjunta de diversas agencias gubernamentales como AFIP, Bromatología y la propia Subsecretaría. Estos procedimientos iban a generar numerosas causas judiciales, muchas de las cuales terminaron con condenas para los imputados.
Justamente esos 13 meses al frente de la Subsecretaría de Seguridad le generarían una causa iniciada en el fuero federal por desobediencia, supuestamente por no haber cumplido una orden verbal de una jueza en relación al copamiento de la comisaría de La Boca. Como fue narrado precedentemente, la comisaría se terminó desalojando de manera pacífica, sin provocar pérdida de vidas ni más daños materiales que los que generó la propia ocupación, luego de un intenso proceso de negociaciones encabezado por Campagnoli con quien era la voz cantante de la toma, el dirigente social Luis D’Elia.
El expediente estuvo abierto durante siete años para finalmente resultar absuelto e incluso reconocido por su actuación. Los motivos que impulsaron la denuncia podrían haberse inspirado en un pase de factura del fuero federal por el Plan Integral de Seguridad que ayudara a elaborar Campagnoli durante su gestión de subsecretario, que ya fue resumido precedentemente y que fue recibido por el establishment judicial como algo inaceptable, pues descentralizaba poder y llevaba transparencia a la administración de justicia. Cuando se interpela al sistema se corre el riesgo de recibir respuestas no deseadas.
Luego de renunciar como Subsecretario regresa inmediatamente a su cargo en el Poder Judicial, ahora como fiscal de distrito de La Boca, hasta que en 2007 vuelve a hacerse cargo de la Fiscalía de Distrito de Saavedra y Núñez, la primera fiscalía descentralizada de todo el país, que él había contribuido a crear en 1999 y donde había trabajado hasta el 2003, cuando asume como subsecretario.
Otro hecho de violencia fue la sufrida por una pareja de ciudadanos peruanos asesinados en Villa Urquiza. La investigación llevó a confirmar que el homicidio había sido cometido por dos sicarios de esa misma nacionalidad, vinculados al narcotráfico, que inmediatamente de cometido el hecho salieron del país. Luego de identificarlos y rastrearlos, Campagnoli logró la extradición de uno de ellos, que hoy purga una condena de 25 años en el país. El otro, en tanto, finalmente apareció muerto en Brasil.
Otro caso de alta resonancia pública fue la investigación que llevó adelante junto a su equipo para dar con los asesinos del hincha de fútbol Gonzalo Acro, vinculado a una línea interna de la barra brava de River Plate, “Los Borrachos del Tablón”. El Tribunal condenó a siete personas a cumplir prisión perpetua, de las cuales cinco ya la están cumpliendo.
Otra causa vinculada a River Plate, con un inminente juicio oral por celebrarse, fue la que investigó el apriete recibido por el juez de fútbol Sergio Pezzotta cuando arbitraba en el partido que disputaron en el estadio Monumental de Núñez el local, River Plate, con Belgrano de Córdoba, encuentro que decretó el descenso a la categoría Nacional B del club riverplatense. En el entretiempo de ese partido, un grupo de hinchas y dirigentes del equipo local, con complicidad de autoridades policiales de la Comisaría 51ª, concurrieron al vestuario del árbitro para exigirle bajo amenazas que favoreciera a River y así evitar la pérdida de la categoría.
Campagnoli es el responsable de haber encontrado las pruebas necesarias para enviar a la cárcel a varios violadores seriales y a miembros que integraban bandas de salideras bancarias, tipología de delito que en Saavedra, la jurisdicción de Campagnoli, se redujo a cero.
Otro proceder de Campagnoli que pone en evidencia la existencia de una especie de pacto o acuerdo tácito para generar una convivencia pacífica entre jueces y fiscales es la cantidad de apelaciones contra distintas medidas que toman los magistrados. La estadística señala que la fiscalía encabezada por Campagnoli presenta entre el 70% y 80% del total de apelaciones que se presentan en el fuero contra las decisiones de los jueces. Campagnoli y su equipo presentan cerca de 250 apelaciones por año de las cuales una de cada dos obtiene un fallo favorable.
Frente a una denuncia de corrupción policial, en el año 2009 Campagnoli inicia una investigación sobre la Comisaría 49ª, ubicada en el barrio de Saavedra, que culmina con la cúpula de la seccional y los integrantes de la brigada, entre otros, condenados por asociación ilícita y una treintena de delitos, a penas de efectivo cumplimiento en la cárcel de Marcos Paz, donde el comisario titular de la dependencia purga una condena de 10 años de prisión.
En enero de 2012, a la par del trabajo en Saavedra, asume en forma interina, por disposición del Procurador General de la Nación Esteban Righi, la vacante Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 10, desde donde participó del segundo juicio oral por la tragedia del boliche bailable República Cromañón. Allí llevó adelante la acusación contra ex funcionarios del gobierno de la ciudad, el entonces secretario de Justicia y Seguridad Juan Carlos Lopez, el subsecretario Enrique Carelli y un director general del área, Vicente Osvaldo Rizzo. La imputación fue por estrago doloso seguido de muerte y, ante la absolución de los tres, Campagnoli recurrió ante la Cámara Nacional de Casación Penal, a cuyo estudio se encuentra actualmente la causa.
En mayo de ese año, es designado por el Procurador Fiscal ante la Corte Suprema Luis Santiago González Warcalde al frente de la flamante Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos con Autor Desconocido, en cuyo seno promovió la creación de la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE) que, bajo su liderazgo, llevó adelante durante el año 2013 la investigación de lo que se conoció públicamente como "La Ruta del Dinero K", investigación sobre el empresario vinculado a la familia Kirchner, Lázaro Baéz, caso a partir del cual la procuradora general Alejandra Gils Carbó comenzó a hostilizar su trabajo, hasta presentar la acusación que derivaría en su suspensión y pedido de enjuiciamiento.
A partir de una denuncia periodística en el programa de Jorge Lanata sobre extorsiones a los dueños de una financiera por parte de Lázaro Baez para que le vendieran la compañía, Campagnoli inició una investigación.
A ésta se sumó otra investigación, que si bien fue iniciada para confirmar el vínculo existente entre la dirigencia de River y la barra brava –figura penal contemplada en la ley de deportes que pena a quien promoviere, financiare o instigare la formación de barras bravas- que involucraba al entonces presidente de la entidad Daniel Passarella, el tesorero, el vicepresidente, la cúpula de la barra y dos ex policías federales, derivaría en una sorpresa. De las escuchas telefónicas a los involucrados en el supuesto pago de favores políticos de parte de la dirigencia a la barra brava por servir de fuerza de choque, -comprometiendo el patrimonio del club, como por ejemplo, con la entrega de entradas a los barras para que las comercialicen; o el otorgamiento de porcentajes en la venta de jugadores de las divisiones inferiores- surgiría el nombre de Diego Rodríguez. Diego no era un Rodríguez cualquiera. Vinculado a la comisión directiva del club durante la gestión de José María Aguilar, oficiaba de intermediario entre los dirigentes y la barra. Pero las escuchas depararían dos sorpresas: la primera era una vinculación de Rodríguez con Lázaro Baez; la segunda, que Diego resultaría ser el hermano de la flamante ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez.
Este segundo caso llevaría la inquietud gubernamental a la acción concreta, la que se instrumentaría a través de la Procuradora General Gils Carbó, quien solicitó la apertura de un jurado de Enjuiciamiento contra Campagnoli y su suspensión, decretada el 12 de diciembre de 2013.
El Tribunal de Enjuiciamiento analiza su caso que puede derivar en dos decisiones: su remoción del cargo de fiscal o su reposición en ese cargo.
Los aportes de José María Campagnoli a la plena vigencia de los derechos, a la independencia de la Justicia, al respeto de la vida humana, a la plena investigación del delito y la corrupción, al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y al mismo tiempo, su decisión de convertir el cargo judicial en un servicio público, en un estilo de vida apegado a los valores de la justicia y en un proyecto ético que resguarde la dignidad humana de la comunidad en la que actúa, demuestran claramente que aquel ignoto meritorio de 17 años, ha hecho méritos suficientes para que la ciudad que lo vio nacer y le permitió crecer, lo considere uno de sus ilustres ciudadanos que la habitan. Cuando las instituciones reconocen a los referentes, convierten sus virtudes en faros éticos y la admiración individual se convierte en orgullo colectivo.
Queda claro que Campagnoli no necesita recibir el nombramiento de ciudadano ilustre para ser un referente social o para continuar aportando al bien común. Es la ciudad de Buenos Aires la que necesita otorgar esta distinción, para echar luz sobre el presente desde faros que sean capaces de iluminar el futuro.
