Se solicitó aumento presupuestario para el 2014
La Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña recibió este martes a los funcionarios del Ministerio Público y el Tribunal Superior de Justicia, integrantes del Poder Judicial porteño que en su conjunto implica 2.824 millones de pesos. Para el primer organismo el presupuesto estimado es de $ 1.045 millones y para el segundo, de $ 125 millones.
Solicitud del Ministerio Público Tutelar
Enmarcado por la normativa vigente en materia de derechos humanos, tanto a nivel local como nacional e internacional, el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MPT) despliega su labor cotidiana orientando sus esfuerzos en garantizar y hacer efectivos los derechos de niñas, niños y adolescentes y personas afectadas en su salud mental.
El Defensor General, Dr. Mario Jaime Kestelboim, quien presentó el presupuesto por sexto año consecutivo, planteó "la necesidad de crear más defensorías de cámara en el fuero Penal, Contravencional y de Faltas dado que tenemos cinco fiscalías y sólo dos defensorías".
A continuación explicó algunos logros de gestión entre ellos "el funcionamiento pleno de las oficinas de Orientación al Habitante con 4.500 intervenciones anuales y cuya sede número 30 inauguraremos en diciembre próximo; también la de Asistencia Técnica con más de 4.000 intervenciones, 30 % por encima del año pasado; la de Atención a personas privadas de libertad que actúa en cinco zonas a las que asisten 24 defensores penales y de faltas; la Unidad Especial de Patrimonio Histórico Urbano con 400 gestiones ante el Poder Ejecutivo porteño y 57 expedientes colectivos, 17 de los cuales están actualmente judicializados y finalmente, la Oficina de Doctrina Judicial y Estudios Jurisprudenciales".
El funcionario también destacó la labor de las secretarías generales de Derechos Humanos y de Acceso a la Justicia y "la creación durante el presente año de la Unidad de Atención a las Personas Involucradas en un Proceso de Desalojo y la Unidad Especial de Mediación Comunitaria de un modo gratuito, confidencial, expeditivo, eficaz y al alcance de todos con énfasis en las zonas más desprotegidas, servicio que funciona en 13 centros de atención de la Oficina de Orientación al Habitante".
En lo relativo a infraestructura apuntó que su jurisdicción "posee en 2013 seis propiedades que en el año 2007 no existían". Finalmente informó que "el presupuesto presentado para el año venidero sólo permite replicar el gasto" por lo que solicitó a los legisladores "corrijan esta situación".
Luego, en representación de la Asesoría General Tutelar expuso la Dra. Laura Cristina Mussa, quien aseveró que el organismo al que pertenece "solo insume el 11 % del total presupuestado al Poder Judicial". Puso en relieve que "la Ciudad de Buenos Aires es la primera jurisdicción argentina que tiene Equipo Público del Abogado del Niño y el primer centro de detención de menores no policial".
En reemplazo del Fiscal General, Dr. Germán Carlos Garavano que se encuentra fuera del país, intervino el adjunto Dr. Luis Jorge Cevasco, afirmando que "el Poder Judicial y el MPF ha tenido una transformaciòn muy importante que posiciona a la ciudad de Buenos Aires a la vanguardia de Sudamérica, a partir de la colaboración obtenida del Gobierno de la Ciudad y la Legislatura". Aclaró que "$ 529 M. es el monto del recorte efectuado por el Ministerio de Hacienda, lo que equivale al 2,2 %, o sea $ 10 M." por lo que planteó a la Comisión parlamentaria "la revisión las partidas en Alquileres y edificios -inc 3- y Bienes y tecnología, inc 4 del proyecto presentado".
Según la propuesta formalizada por el Ejecutivo para el Ministerio Público sobre un total de $ 1.045 M. a la Asesoría General Tutelar corresponden 110 M., al Ministerio Público de la Defensa $ 356 M., al Ministerio Público Fiscal $ 518 M. más $ 68 M., para el Programa de acceso a la Justicia $ 77 M., Inv. y Responsabilidad Penal, Control y Falta $ 302 M., Defensa de la Legalidad $ 71 M. y a la Comisión Conjunta de administración del Ministerio Público $ 60 M.
Conformidad del Tribunal Superior de Justicia
Por su parte, el Director de Planificación y Ejecución Presupuestaria, Dr. Rubén Torres, expuso en representación del Tribunal Superior de Justicia (TSP) y mostró su conformidad con las cifras que presentó el Jefe de Gobierno a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con respecto al presupuesto para el año 2014. Sin embargo, aseguró que continúan con una formulación prudente del mismo y que nota un crecimiento notable entre enero y octubre, aproximadamente del 50%. También adelantó que firmaron un convenio con una agencia de sistemas de comunicación, que implica poder interactuar con el sistema del Ejecutivo y con el procesamiento interno del área.
El Diputado Julio Raffo (PSur) fue el único que tomó la palabra de los legisladores asistentes para expresar su sorpresa y desacuerdo con la ausencia de alguno de los vocales del TSJ, que "debería haber venido en representación del presidente del Tribunal".
El Poder Judicial de la Ciudad está integrado por el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Magistratura, los demás tribunales que la ley establezca y el Ministerio Público. Es competencia del TSJ, según el artículo 113 de la Constitución de la CABA, conocer sobre los conflictos entre los Poderes de la Ciudad y en las demandas que promueva la Auditoría General de acuerdo a lo que autoriza la Carta Magna local; las acciones declarativas contra la validez de leyes, decretos y cualquier otra norma de carácter general emanada de las autoridades de la Ciudad, contrarias a las Constituciones. También por vía de recursos de inconstitucionalidad, en todos los casos que versen sobre la interpretación o aplicación de normas contenidas en las Constituciones; así como en los casos de privación, denegación o retardo injustificado de justicia y en los recursos de queja por denegación de recurso. Además interviene en instancia ordinaria de apelación en las causas en que la Ciudad sea parte, cuando el monto reclamado sea superior al que establezca la ley, y originariamente en materia electoral y de partidos políticos.
Consejo de la Magistratura
En la reunión siguiente la Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña recibió a los funcionarios del Consejo de la Magistratura porteño. El proyecto de ley de recursos y gastos, enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura para el próximo año contempla un total de $1.107 millones de pesos destinados al Consejo de la Magistratura.
En ese sentido, el presidente de este organismo, Juan Manuel Olmos, explicó que los gastos previstos para personal ascienden a $829 millones. En tanto afirmó que el "Ministerio de Hacienda propuso la asignación para esa jurisdicción de $70 millones de pesos destinados a la compra de oficinas y terrenos" pero manifestó la diferencia en este aspecto de lo solicitado por el organismo a su cargo que considera "necesarios al menos $150 millones" a tal fin, para continuar con las gestiones ya realizadas "como la adquisición del edificio de avenida Julio A. Roca 516/530 donde funciona el Consejo". Es por eso que pidió a los Diputados que revean el proyecto a favor de su solicitud. El Consejo de la Magistratura integra el Poder Judicial porteño que en su conjunto tiene una asignación en el proyecto de Presupuesto por $2.824 millones.
El Poder Judicial de la Ciudad está integrado por el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Magistratura, los demás tribunales que la ley establezca y el Ministerio Público. Según establece la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, el Consejo está integrado por nueve miembros elegidos de la siguiente forma: tres representantes elegidos por la Legislatura, tres jueces excluidos los del Tribunal Superior y tres abogados o abogadas elegidos por sus pares. Son funciones son: seleccionar mediante concurso público a los candidatos a la Magistratura y al Ministerio Público y proponer a la Legislatura los candidatos; dictar los reglamentos del Poder Judicial; ejercer facultades disciplinarias respecto de los magistrados; reglamentar el nombramiento, la remoción y el régimen disciplinario de los funcionarios y empleados; proyectar el presupuesto y administrar los recurso del Poder Judicial; recibir denuncias contra los jueces y los integrantes del Ministerio Público y decidir la apertura del procedimiento de remoción del magistrados.
En cuanto a la función de selección, el presidente del Consejo sostuvo que se está realizando el concurso para cubrir el cargo de Juez Penal Contravencional y del Faltas y se prevé la realización de cinco concursos más. En relación a la administración explicó que en cuanto a los recursos humanos, este año "fueron transferidos 173 agentes de áreas administrativas hacia los juzgados, defensorías y fiscalías creadas". En ese sentido subrayó que desde que inició la conducción del Consejo se ha bajado "la carga de personal administrativo" y ha subido la del destinado a funciones judiciales.
Por otro lado, Olmos manifestó su oposición al decreto firmado por el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, a través del cual crea un Consejo de Justicia. En ese sentido dijo: "es inconstitucional y no puede dar instrucciones al Consejo de la Magistratura ni a jueces, fiscales, defensores y asesores tutelares" y agregó "no puede subordinarnos a ese consejo dependiente del Ministerio de Justicia".
En este aspecto el Diputado Martín Ocampo (PRO), presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura le respondió a Olmos que el Gobierno tiene "una visión distinta respecto del Consejo de Justicia" y también aseguró: "el Consejo de la Magistratura no tiene facultades como iniciador legislativo". También destacó que la ciudad "continuará reclamando la transferencias de competencias con recursos", sobre lo cual Olmos había afirmado que "la Autonomía tiene un costo y es hora de que se apruebe el tercer paquete de transferencia de delitos penales" a la ciudad.
El presidente del Consejo dio detalles acerca de la ejecución presupuestaria en otras área como la capacitación permanente; el fortalecimiento de la mediación penal para bajar la conflictividad; el avance hacia la justicia vecinal y el juicio por jurados; convenios con organismos nacionales; entre otras. También se refirió a la necesidad de contar con la partida presupuestaria correspondiente a la posible creación del Distrito Judicial.
