Se para la causa de Beara
Además, la jueza que primero intervino en el caso, Alicia Iermini, también se había declarado incompetente porque algunos de los imputados tenían causas abiertas en otro juzgado.
Los hechos investigados son los ocurridos en la madrugada del 10 de septiembre pasado, cuando se derrumbó el entrepiso del boliche ubicado en Scalabrini Ortiz 1638, donde murieron las jóvenes Ariana Lizárraga y Leticia Provedo, y otras veinte personas resultaron heridas.
Por el hecho fueron acusados funcionarios, empresarios y profesionales relacionados con la habilitación del lugar por el delito de "estrago doloso seguido de muerte".
Al respecto, funcionarios porteños del área de Habilitaciones estaban siendo investigados por la jueza Mónica Berdión de Crudo en dos expedientes, uno vinculado con un robo de energía y otro por una cuestión de funcionamiento interno, denunciada por el propio gobierno.
La jueza Berdión de Crudo entendió que resultaba "prematuro" atribuir "conexidad" a los expedientes y devolvió la investigación a Iermini.
En medio de ese tironeo es que deberá ser ahora la Sala Especial de la Cámara del Crimen de la Ciudad de Buenos Aires la que tendrá que resolver, en definitiva, quién seguirá al frente de la investigación.
En el caso de que sea Berdión de Crudo, la causa cambiará también de fiscal, ya que no seguiría interviniendo Madrea -quien formuló las imputaciones a funcionarios y dueños del boliche- sino su colega Marcelo Romá.
La actuación de la Cámara para la definición de quién será el juzgado a cargo del caso, según los informantes del caso, podría "demorar el trámite de la causa", ya que, si bien las pericias y estudios fueron realizados, quedan pendientes los resultados definitivos de investigaciones sobre el motivo del derrumbe.
Así, un eventual cambio de fiscal también podría alterar los funcionarios imputados, ya que están bajo pesquisa el director general de Habilitaciones y Permisos, Martín Farrell; Norberto Cassano, del Departamento de Esparcimiento; y Pablo Seiskuscas, director de Habilitaciones Especiales.
También fueron acusados el inspector del gobierno porteño Carlos Mustapich, quien al parecer avaló la habilitación del local del maestro mayor de obra Gustavo Amaru.
La figura de "estrago doloso seguido de muerte", la misma por la que fue condenado a 20 años de cárcel Omar Chabán en la causa por Cromañón, también alcanza a los integrantes de la sociedad Viejo Sabio, que explotaba Beara, Juan Carlos Yun, Agustín Dobrila, Roberto Catán Coria, Iván y Ronaldo Flies.
