Agresiones en la Investigadora
La pelea -que incluyó golpes- se inició entre personal de la Televisión Pública y de la seguridad de la Legislatura por la ubicación de una cámara, terminaron involucrados legisladores y derivó en la suspensión de la reunión y el final de la declaración de Burstein.
Sin embargo, el familiar de una de las personas que murieron en el atentado terrorista contra la mutual judía había mantenido cruces de acusaciones con los diputados del PRO que integran la comisión especial investigadora.
Burstein mantuvo con los legisladores macristas Cristian Ritondo y Martín Ocampo varias discusiones, debido a las fuertes declaraciones y acusaciones que el denunciante de Macri realizó contra el líder del PRO -lo calificó de "vergonzoso jefe de gobierno"-, a Palacios -al que llamó "traidor"- y contra el propio Ritondo.
Sergio Burstein, su hija Glenda y su actual esposa Dora Viotti, quienes explicaron los pormenores de la denuncia que presentaron ante una comisaría, tras ser alertados por un llamado anónimo que el teléfono del familiar de la AMIA había sido intervenido y era víctima de espionaje.
"Voy a hacer todo lo que haya que hacer contra Palacios por el atentado a la AMIA", fue una de las afirmaciones que hizo el denunciante Burstein, tras lo cual lo acusó al ex jefe de la Policía Metropolitana de "desviar la investigación y se convirtió en el traidor que se había enquistado en el grupo de familiares". Las preguntas de los diputados del PRO y las respuestas de Burstein calentaron en más de una oportunidad la reunión y derivaron en cruces entre los legisladores oficialistas y los opositores, que acusaban o defendían, alternativamente, al testigo.
La abrupta suspensión de las preguntas ocurrió cuando, en medio de la sesión, se produjo el incidente grave entre el personal del Canal 7, que depende del gobierno nacional, y de la seguridad de la Legislatura, que está bajo la órbita del macrismo.
Antes de esa escena de pugilato, habían declarado en la comisión otras víctimas de las escuchas ilegales, que constan en la causa que lleva el juez federal Norberto Oyarbide, quienes confirmaron que fueron blanco de esas prácticas de espionaje ilegal, aunque desvincularon al gobierno de Macri.
Estuvieron ante los legisladores el gerente comercial de Coto, Rodrigo Velazco; Susana Saint Porres, ex esposa del empresario Valentín Hugo Breitman; y el abogado penalista Francisco Castex, mientras que el empresario de medios Carlos Ávila, que había sido citado, pidió una prórroga por viaje.
En todos los casos, los testigos consultados desvincularon a Macri de esas maniobras, mientras que el diputado del PRO Fernando De Andreis interpretó que los convocados "hicieron hincapié en que las preguntas efectuadas en el juzgado fueron tendenciosas y orientadas a perjudicar al jefe de gobierno porteño, lo que demuestra que se trata de una operación política ejecutada por el juez Norberto Oyarbide".
