Ratifican desalojo
Pese a la orden del juez, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, volvió a negar el envío de fuerzas federales al lugar, al insistir en que sólo la Policía Metropolitana debe actuar ante el delito de "usurpación".
"Lamento que el gobierno nacional persista en su actitud de tolerar a aquellos grupos de usurpadores que en forma violenta se apropian cosas que no son de ellos, en lugar de defender los derechos de la gente que respeta la ley", afirmó Macri.
En el acto de entrega de diplomas a 110 nuevos oficiales de la Metropolitana, el jefe de gobierno resaltó que los funcionarios porteños "hemos cumplido en todo y estamos desde el primer día esperando actuar con la Policía Federal o la fuerza que estipule la ministra (de Seguridad de la Nación, Nilda) Garré".
A su turno, el ministro Randazzo renovó las acusaciones contra Macri por la ocupación de los edificios y le advirtió que "esto no se resuelve a sangre y fuego, sino con diálogo".
"Nosotros estamos en contra de cualquier tipo de usurpación de los espacios público y privado, pero este delito ha sido transferido en 2008 a pedido del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al ámbito de la Justicia Contravencional, razón por la cual tiene a la Policía Metropolitana para hacer cumplir la ley y resolver esta cuestión", sentenció.
El cruce de declaraciones se produjó luego de que Armella aclarara que se mantenía firme la orden de desalojo que había firmado, en el marco de la causa por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, en virtud de que los beneficiarios de ese complejo viven ahora a la vera del Riachuelo.
Armella había ordenado el desalojo el miércoles de la semana pasada, pero la disposición no fue cumplida por diferencias entre los gobiernos nacional y porteño sobre la competencia para llevarla a cabo.
El juez advirtió al titular de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Juan José Mussi, a las fuerzas de seguridad que conduce Garré, y a la Policía Metropolitana, que la orden de liberar los departamentos usurpados continúa con "plena vigencia".
Asimismo, dijo que "deberá ser acatada sobre la totalidad de las viviendas y/o construcciones que se encuentran dentro del predio citado, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones ya notificadas".
El magistrado también reclamó a Mussi y al jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que una vez desalojado el predio realicen "en forma inmediata la asignación de las viviendas" a sus reales beneficiarios.
Finalmente, en la resolución requirió al titular de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo y a autoridades de los gobiernos nacional, bonaerense y porteño "la planificación de un sistema de información de la asignación de las viviendas que se vayan planificando y construyendo, distinto al que se está realizando hasta ahora, y que prevea las acciones y medidas a adoptarse para la custodia y preservación de los predios".
