Palacios pide su excarcelación
Palacios está detenido en la cárcel de Marcos Paz desde el 17 de noviembre pasado por disposición del juez federal Norberto Oyarbide, quien le imputó los delitos de "asociación ilícita y defraudación al Estado", junto con otros acusados, entre ellos el ex policía federal y ex empleado de la comuna porteña Ciro James.
Sobre él pesan, además, cargos por supuesta "falsificación de documento público e intervención indebida de comunicaciones" del miembro de Familiares y Amigos de Víctimas del atentado a la AMIA Sergio Burstein.
La presentación de Richards, un "recurso extraordinario" para que la causa sea revisada en Casación, deberá ser primero admitida por la Cámara Federal y luego girada al tribunal superior; en caso de rechazo, igualmente podría llegar mediante un "recurso de queja".
La sala de feria de la Cámara de Casación estará compuesta a partir de la semana próxima por los jueces Gustavo Mitchell, Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso, Raúl Madueño y Mariano González Palazzo. Tratándose de una causa con detenidos, el tribunal podría resolver el pedido de excarcelación y apelación por parte de los delitos antes del fin de la feria judicial de enero.
La Cámara Federal porteña había confirmado el procesamiento de Palacios, al considerar que hay "pruebas contundentes" de que participó en la "maniobra delictiva" de la intervención a la línea de Burstein.
También advirtieron que existe "la posibilidad cierta de estar frente a un aparato paraestatal de espionaje de dimensiones".
Palacios, en rigor, sólo está procesado por la intervención al teléfono de Burstein. Pero por el caso de las escuchas también están procesados James, los policías de Misiones Diego Guarda, a cargo de la sección Escuchas de la Dirección de Investigaciones de esa fuerza; Raúl Rojas, jefe de la División Homicidios, y Rubén Quintana, director de Investigaciones Complejas, y los secretarios judiciales Mónica González, Augusto Busse, Lidia Kruchowski y Fernando Javier Castelli.
Además de Burstein también fueron víctimas del espionaje el cuñado de Mauricio Macri, Néstor Leonardo; el empresario Carlos Avila y su yerno, dos gerentes de la cadena de supermercados Coto, la cuñada del empresario Juan Navarro, el perito Francisco Castex y el anticuario Hugo Breitman.
La maniobra se realizaba a través de información que James les pasaba a los policías de Misiones para intervenir los teléfonos, y estos lo solicitaban a la Justicia de la provincia, desde donde se hacía el pedido formal a la SIDE, de la cual el ex empleado del Gobierno porteño retiraba las desgrabaciones.
El proceso se realizaba en una causa por el homicidio de un contador en 2005, con el que los espiados no tenían ninguna vinculación.
