Anulan sobreseimiento de Macri
Idéntica medida fue adoptada con otros funcionarios y ex funcionarios porteños: Horacio Rodríguez Larreta, Francisco Cabrera y Pablo Tonelli.
Además, los jueces Gustavo Bruzzone, Mario Filozof y Marcelo Lucini resolvieron apartar al juez que llevaba adelante la causa, Facundo Cubas, y designar a otro por sorteo.
Macri fue sobreseído a principios de año en una causa que busca determinar si la licitación para la explotación de la cartelería había sido manipulada a favor de la firma Sarmiento, la empresa mendocina perteneciente a la familia Terranova.
"No es posible sostener el dictado del sobreseimiento que desvincula a los aquí imputados porque no constituye una derivación razonada de los hechos de la causa ni del derecho de aplicación al caso frente a la falta de una debida investigación (...), lo que la convierte en carente de fundamentación", sostuvieron los camaristas.
Sobre los funcionarios, subrayaron que "no sólo se omitió efectuar una clara descripción de cuáles eran las conductas sujetas a reproche sino que sólo se enfatizaron afirmaciones dogmáticas que impiden verificar su vinculación o no con los pormenores de los actos de licitación".
"La prueba colectada sugiere la necesidad de una mayor atención en determinar ese extremo", completaron.
El fallo convoca a prestar o ampliar declaración indagatoria al ex ministro de Espacio Público Juan Pablo Piccardo; a dos integrantes de una comisión de evaluación de la adjudicación, Tomás Palastanga y Horacio Tonelli, al legislador del PRO Patricio Di Stéfano y a los hermanos Eduardo y Orlando Terranova.
Sobre Macri, su jefe de Gabinete Rodríguez Larreta, el ministro de Desarrollo Económico Cabrera y el ex procurador Tonelli, establece que "podrán, de considerarlo pertinente, efectuar las presentaciones que estimen necesarias para dar explicaciones (...), más allá de lo que eventualmente pudiera decidir el magistrado instructor que deba intervenir".
La explotación del Mobiliario Urbano por parte de la empresa Publicidad Sarmiento SA está suspendida judicialmente por una medida cautelar que rige desde fines de abril de 2009.
La concesión, por una década, implica unos 100 millones de pesos anuales por la explotación de carteles, paradas de colectivos y pantallas ubicadas en la vía pública.
Se investiga además si los Terranova habrían presentado documentación anómala sobre prestaciones en Mendoza y Tucumán para acceder en 2007 al contrato con el Gobierno local.
