Obligan al gobierno a dar vivienda
"El Estado es y se justifica en tanto capaz de cumplir con sus finalidades explícitas (bienestar, paz, unión, desarrollo, justicia, entre otras que figuran en el preámbulo constitucional). Resultaría un contrasentido grave que se declarara incapaz de garantizar aquello que le otorga sentido y razón de ser", sostiene el fallo.
El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Roberto Gallardo hizo lugar así a una acción de amparo planteada por una mujer que reclamó para sí y para sus niños "el derecho a la vivienda, a la salud y a la dignidad, al no reconocérsele el derecho a un techo donde alojarse al serle negada la inclusión en alguno de los programas gubernamentales vigentes".
La mujer, cuya identidad esta agencia mantendrá en reserva, narró que en 2007 migró con su familia a la Capital "en búsqueda de un mejor horizonte de vida"; "realizaba tareas como empleada domestica y su pareja desempeñaba trabajos de albañilería, pero que ambos empleos eran informales e inestables".
La situación económica destruyó el matrimonio, su marido regresó a Jujuy y nunca más supo de él.
En 2008 comenzó a recibir un subsidio del gobierno porteño, pero en febrero de 2009 dejó de percibirlo y desde entonces su precaria situación se agravó aún más.
El juez Gallardo hizo lugar a su reclamo: "La actual concentración de poder y de discurso que pretende desconocer los derechos sociales y también los derechos humanos, abriendo espacio al hambre y la indigencia, no tiene, a la fecha, sustento normativo alguno".
"Se impone económica y políticamente, en los hechos, pero no ha logrado aún conmover totalmente el sistema normativo que hemos desarrollado en esta sociedad, década tras década y con un altísimo costo, a fin de garantizar la paz social y el bienestar de los argentinos", reivindica el fallo.
Además, aclara que los grupos beneficiarios de los planes sociales "no está conformado por sujetos antisociales, marginales autodefinidos o delincuentes".
"En su grandísima mayoría se trata de grupos familiares excluidos del sistema económico por la desocupación o la sub ocupación. Familias enteras pauperizadas, muchas de ellas con buen nivel de formación educativa y todas deseosas de acceder a un trabajo que les permita 'volver' a ser", resumió.
El fallo ordena al gobierno porteño "garantizar en términos efectivos el derecho a una vivienda adecuada y digna a la accionante, ello hasta tanto cesen fehacientemente las causas que originaron su asistencia".
Además, la administración de Mauricio Macri deberá evaluar "bimestralmente al grupo familiar de la actora, colaborando en la búsqueda de soluciones alternativas de superación de su problemática".
