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Critican servicio psiquiátrico

La Asesoría General Tutelar de la Ciudad cuestionó la decisión del gobierno porteño de licitar el servicio de internación prolongada de pacientes psiquiátricos. Se trata de una medida que, según opinó, "implica un grave retroceso en materia de salud pública" y "configura una violación a los derechos de las personas afectadas".

El organismo sostuvo que la administración de Mauricio Macri impulsó la "privatización" del Sistema de Salud Mental en la ciudad de Buenos Aires por medio de una resolución que el 3 de enero pasado firmó el ministro de Salud porteño, Jorge Lemus.

La decisión "aprueba los pliegos de bases y condiciones para licitar el servicio de internación prolongada de pacientes psiquiátricos, con atención médica integral en salud mental".

El objetivo de esta medida es lograr la "rehabilitación de los pacientes y su reinserción social".

Para la Asesoría General Tutelar, la Resolución 52/MSGC/12 se encuentra "en franca violación" de la Ley porteña 448, la Ley Nacional 26.657 y la Constitución de la Ciudad.

"El gobierno porteño dio el primer paso para la privatización del Servicio de internación prolongada de pacientes psiquiátricos y pacientes gerontopsiquiatricos", agregó.

La determinación tomada por el ministerio de Salud de la Ciudad establece un monto de 12.702.000 de pesos para el servicio "que pretende privatizar", indicó la Asesoría. Al respecto, señaló que la Constitución porteña y las leyes de salud mental local y nacional prevén que los pacientes internados por razones de salud mental recorran un camino de desinsintitucionalización progresiva.

Además, queda prohibida la creación de nuevos manicomios, en tanto que la internación es un "recurso de carácter restrictivo y debe ser lo mas breve posible".

"De esas normas se deduce claramente" que la Ciudad "tiene vedado crear o contratar nuevos servicios de internación máxime cuando el servicio que se contrata es para una internación prolongada", sostuvo.

La Asesoría General Tutelar, en tanto, recordó que la creación de dispositivos alternativos es un mandato que la Justicia le ha impuesto al gobierno porteño en una sentencia de habeas corpus iniciada tiempo atrás por el Ministerio Público Tutelar y que la Ciudad "se resiste a darle cumplimiento".

Revista Vasos Comunicantes