Emergencia sanitaria
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sesionó este jueves y ratificó el último decreto de necesidad y urgencia del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, relacionado con la suspensión de plazos en los procedimientos de faltas.
También aprobó una declaración de reconocimiento al trabajo de los equipos de salud y el repudio a algunas manifestaciones discriminatorias o agresiones contra ese personal.
Se aprobaron, además, proyectos vinculados a la situación de los niños y adolescentes que están siendo afectados por la prolongación del aislamiento domiciliario y de los pequeños comerciantes o trabajadores autónomos con actividades limitadas a sus barrios.
Vamos Juntos pidió que se impida la publicidad de medicamentos que induce a la automedicación e hizo pública su “enorme preocupación” por la liberación de presos con condenas.
El Frente de Todos, Gen, Consenso Federal y el FIT habían presentado diferentes proyectos de resolución para girar pedidos de informes al Poder Ejecutivo referidos a la compras recientes de insumos médicos. Finalmente se consensuó un texto que fue aprobado por el cuerpo parlamentario.
La sesión ordinaria se realizó en el salón Dorado – Hipólito Yrigoyen, cuyas dimensiones permiten adoptar los dispositivos de distanciamiento entre legisladores y personal afectado. Por razones de salud o de riesgo previamente notificadas, participaron “on line” desde sus domicilios los diputados María Luisa González Estevarena y Cristina García, Diego Weck y Ofelia Fernández, cuyas presencias y votaciones virtuales fueron debidamente corroboradas de acuerdo con las últimas prescripciones del reglamento interno de la Legislatura.
El DNU ratificado
El decreto de necesidad y urgencia N.º 6/2020 de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad quedó ratificado, así como antes los diputados porteños ya habían dado su aval a los cinco DNU anteriores, todos relacionados con la emergencia por el coronavirus.
En este caso, la norma convalidada es la que suspende “por 60 días corridos los plazos previstos en la Ley N° 1.217 de procedimiento de faltas, excepto para el exclusivo caso de los procedimientos que se refieran a las presuntas faltas previstas en los artículos 1.2.4, 5.1.5 y 6.1.42, de la Ley N° 451 y cometidas durante la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
“No obstante la suspensión de plazos establecida -aclara la propia norma- el presunto infractor podrá requerir la intervención de la Unidad Administrativa de Control de Faltas a efectuar su descargo.” Al tal fin, “establécese que la Subsecretaría de Justicia arbitrará las medidas pertinentes para cumplimiento a lo dispuesto, pudiendo disponer que las Unidades Administrativas de Control de Faltas presten servicios de forma remota no presencial”.
Beneplácito por los trabajadores de la Salud
Por unanimidad y en base a propuestas luego consensuadas de los bloques VJ y UCR-Ev, se manifestó el “beneplácito” de los diputados capitalinos “por la intensa labor desempeñada por el equipo de salud de la Ciudad, haciéndolo extensivo a todo el país, en el marco de la pandemia en relación al Covid 19”
La misma declaración “expresa su repudio y preocupación frente a los hechos de discriminación y actos de agresión sufridos por el personal que se encuentra prestando funciones en los distintos efectores de los sistemas de salud”.
La publicidad de fármacos
Por iniciativa de Ana María Bou Pérez en coautoría con varios legisladores de su bloque, se aprobó una declaración dirigida a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para que disponga suspender la publicidad de fármacos en tanto esos avisos promuevan o induzcan a la automedicación de la gente.
“La Legislatura de la CABA vería con agrado que, en el marco de la pandemia de coronavirus Covid 19 y por lo menos durante el período que lleve dominar la misma, la ANMAT dispusiera el cese de toda clase de publicidad televisiva, radial, gráfica o que por cualquier otro medio de comunicación aconseje automedicarse en cualquier circunstancia”, dice la solicitud parlamentaria local al organismo nacional.
Pedido de informes
En forma unánime se votó una resolución para pedir informes al Poder Ejecutivo sobre las compras directas de materiales e insumos médicos, recientemente realizadas por resolución del Ministerio de Salud de la Ciudad. El texto fue consensuado por todas las bancadas, tras varias iniciativas de los bloques opositores.
El jefe del bloque Vamos Junto, Diego García Vilas, al explicar en la sesión el voto positivo al pedido de informes enfatizó que “desde el Gobierno y desde este bloque no tenemos nada que ocultar” y señaló que le parecía correcto que la Jefatura de Gobierno diera todos las explicaciones pertinentes, como ya lo había hecho ante la opinión pública. Destacó, además, que el Gobierno “tomó medidas” y que “hay una denuncia penal en curso”.
El requerimiento legislativo refiere a la Resolución N° 115/SSASS/2020 y al expediente electrónico N° 2020–10979743-GCABA-DGABS. Se pide al Ejecutivo que informe el listado de licitaciones y/o compras directas, cuántas empresas presentaron oferta para la compra del material sanitario, criterios utilizados para la adquisición del material sanitario y varias preguntas específicas sobre la adquisición de barbijos, sus cotizaciones, calidades y necesidades técnicas requeridas.
Una propuesta de Gabriel Solano para interpelar al jefe de Gabinete Felipe Miguel fue rechazada por 37 votos a 22.
“Enorme preocupación” por la liberación de presos
Con los votos de Vamos Juntos y la abstención del resto de las bancadas, el parlamento porteño expresó este jueves su “su enorme preocupación y repudio ante la masiva concesión de libertades condicionales y de prisiones domiciliarias con motivo de la pandemia de Covid-19, a los detenidos de los distintos complejos penitenciarios de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires”.
“Se deben adecuar las condiciones necesarias de detención de las personas privadas de libertad en materia de salud y tomar medidas para impedir el contagio de Covid-19, pero no otorgarles beneficios que no les corresponde utilizando como excusa la pandemia antes mencionada. Se debe analizar por parte del juez cada caso de manera pormenorizada y llegar a una resolución coherente”, sostienen los fundamentos de la declaración presentada por Paola Micchielotto en coautoría con todos los diputados oficialistas.
El diputado Claudio Romero dijo que el pronunciamiento se hace eco “de vecinos que nos llaman preocupados por que se cumplan las leyes, de más de un millón de personas que nos confiaron sus votos, de gente que siente sus domicilios vulnerables, de las víctimas de delitos”. Ante las alusiones de algunos diputados opositores sobre las condiciones de vida en en las cárceles, Romero aseveró: “Tenemos que defender a todos los sectores sociales”.
Sobre niños, comerciantes y músicos
Manuela Thourte logró la aprobación de su proyecto que insta al Gobierno de la Ciudad a buscar formas de mejorar las condiciones en que viven los niños y adolescentes como consecuencia del prolongado aislamiento en sus viviendas.
Mencionó la legisladora que hay medio millón de menores en la CABA y la problemática de la cuarentena expuesta en un documento de la Sociedad Argentina de Pediatría. Comparó que hay excepciones que permiten a los mayores algún nivel de salidas, pero a los niños y adolescentes les está totalmente vedado.
Thourte invitó a “pensar forma creativas” para que los niños puedan hacer alguna actividad física al aire libre o tomar sol, para su bienestar físico, emocional y social, y propuso, por ejemplo, permitir salidas cortas ordenadas por terminación de dni y controladas.
Sergio Abrevaya reclamó por su parte que se tomen disposiciones ejecutivas para admitir determinadas actividades laborales circunscripta a los barrios por parte de pequeños comerciantes o prestadores de servicios, trabajadores de oficios y toda tarea que se pueda acotar con el cumplimiento de las prevenciones dictadas por las autoridades.
A su vez, Roy Cortina presentó el único tema sin relación directa con la emergencia de salud. Reclamó que se haga cumplir la ley nacional de protección a los artistas independiente, que obliga que el 30% de la música que se difunda por emisoras de radio AM y FM deba ser de autores nacionales y, de ellos, la mitad deben ser músicos independientes, que son los que no dependen de empresas o sellos discográficos y hacen personalmente sus producciones.
