Vandalismo
La ciudad gasta más de 5 millones de pesos por las constantes agresiones a estatuas, edificios, monumentos o parques. En la mayoría de los casos, no se identifica al culpable o no hay suficiente evidencia para aplicarle una sanción.
Para los vecinos de la ciudad, ver estatuas, edificios públicos o monumentos con grafitis y distintos tipos de daño se ha convertido en una situación cotidiana. Estos actos de vandalismo son hoy moneda corriente y han llevado a que el gobierno porteño deba destinar una suma importante por mes para arreglar las secuelas que dejan, cuando podrían usarse para reparar escuelas, equipar hospitales o asfaltar calles.
El monumento a Roca, la Catedral y el Cabildo, en el microcentro porteño, son algunos de los puntos que suelen ser objeto de actos vandálicos, en especial teniendo en cuenta que varias movilizaciones y manifestaciones políticas se dan en esa área. Estos edificios requieren en muchos casos que, además de una nueva capa de pintura o un arreglo relativamente simple, haya que realizar trabajos de restauración, por su valor patrimonial histórico, que cuestan más caros. Por ejemplo, la Legislatura de la ciudad gasta cerca de medio millón de pesos cada año para deshacerse de las pintadas que le quedan cuando hay una protesta en sus alrededores.
El subte de la Ciudad también es una de las víctimas usuales de grafitis y pintadas. Para limpiar los coches de las distintas líneas, la empresa estatal porteña Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) ya debió desembolsar más de 7 millones de pesos.
En otros casos, el vandalismo se mezcla con el robo. Las instalaciones eléctricas de las fuentes, las lámparas de las calles y los contenedores de residuos suelen ser hurtados y revendidos. También sufren daños parques y plazas, que ha llevado a las autoridades a estudiar la conveniencia de implementar el uso de rejas para protegerlos.
El Código Contravencional porteño dispone sanciones de 15 días de trabajo público y multas de entre 200 y 3.000 pesos para quienes ensucien una propiedad pública o privada; la cifra se duplica en casos de daños a monumentos, escuelas y otros edificios. En tanto, el Código Penal establece penas de entre tres meses y cuatro años de cárcel para los que atenten contra una propiedad pública. Sin embargo, las sanciones no se aplican y facilitan el desarrollo de los actos vandálicos.
