Gobierno no será querellante
Además, la jueza rechazó el pedido de exención de prisión que presentaron los abogados del ingeniero civil Guillermo Heyaca Varela, imputado por presunto "homicidio culposo" en su calidad de responsable de la obra lindante al gimnasio, que habría causado el trágico derrumbe.
El siniestro, que ocurrió el 9 de agosto, causó la muerte de los jóvenes Maximiliano Salgado, Guillermo Ramón Fede y Luis Lu, quienes en el momento del siniestro estaban dentro del local, como así también provocó heridas a otras 11 personas.
El gimnasio, ubicado en la calle Mendoza y avenida Triunvirato, en el centro del barrio de Villa Urquiza, se desmoronó presuntamente por la forma en que se había realizado la excavación en un terreno lindero, donde se prevía levantar un edificio.
La familia de Salgado pidió ser querellante en la causa que tiene como único imputado a Heyaca Varela, según explicó su abogado, Fernando Burlando, como damnificado por el derrumbe.
Si bien no se adoptó ninguna decisión procesal sobre el ingeniero a cargo de la obra, la imputación que pesa sobre el profesional podría derivar en una orden de detención, por lo que los abogados habían presentado la eximición, que finalmente terminó rechazada por la magistrada interviniente.
El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, apuntó como único responsable a Heyaca Varela, en una conferencia de prensa realizada a las pocas horas del siniestro, en la que también defendió a integrantes de su administración al decir que "los controles funcionarios".
Sin embargo, el mandatario comunal decidió echar al titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) -virtual jefe de los inspectores de la Ciudad-, Raúl Oscar Ríos, el 11 de agosto, aunque desde el gobierno porteño aclararon que no fue por una eventual responsabilidad política en el siniestro, sino porque en medio de las tareas de rescate de las víctimas fue a votar al club Boca Juniors sobre el regreso de Juan Román Riquelme.
Si bien hasta hoy el único acusado por las tres muertes es el ingeniero Heyaca Varela, las fuentes judiciales que informaron sobre el rechazo al gobierno porteño no descartaban que se fuera a analizar la responsabilidad penal de funcionarios que dependían del organismo que presidía Ríos.