Revés para dueños de Beara
Así lo revelaron fuentes judiciales, quienes precisaron que Rolando Flies, uno de los socios de Viejos Sabios S.A., encargada de la explotación de Beara, figura como titular de la empresa Mundo Seco Construcciones, que se promociona como especialista en la construcción de entrepisos.
Flies compartía la razón social responsable del local de Palermo junto a Juan Carlos Yun, quien estuvo demorado varias horas el día del derrumbe, Agustín Dobrila y Roberto Catán Coria.
Junto a los acusados, también están afectados a la causa el maestro mayor de obra Gustavo Amaru, que realizó el trabajo para el local previo a la habilitación, y el arquitecto Isaac Rastolski, quien estimó que el entrepiso derrumbado soportaba un peso de 500 kilos por metro cuadrado. El fiscal de instrucción Andrés Madrea ya pidió su indagatoria, lo que aún no fue resuelto por la jueza de instrucción Alicia Iermini, a cargo de la investigación.
De confirmarse la veracidad de la documentación, caería uno de los principales argumentos de defensa, ya que los explotadores de Beara no podrían aducir que la responsabilidad por el derrumbe es de una empresa ajena a ellos y, en consecuencia, no deben responder por el siniestro.
El próximo jueves la jueza, el fiscal y las partes realizarán una inspección ocular en el lugar del siniestro, en avenida Scalabrini Ortiz 1638, donde murieron las jóvenes Ariana Lizarraga y Leticia Provedo, y otras veinte personas resultaron heridas.
La situación de Beara derivó en la renuncia, la semana pasada, del director de Habilitaciones del Gobierno porteño, Martín Farrell, cuya indagatoria también fue pedida por el fiscal Madrea.
El funcionario renunciante integra la Agencia Gubermental de Control, cuyo titular anterior, Osvaldo Ríos, también fue separado de su cargo en medio de la crisis por el derrumbe de un gimnasio en el barrio porteño de Villa Urquiza.
Tanto los privados como los funcionarios públicos están incluídos en la causa, La figura de "estrago doloso seguido de muerte", la misma por la que fue condenado a 20 años de cárcel Omar Chabán en la causa por Cromañón.
Además, la acusación fiscal pesa también, en el ámbito del gobierno de Mauricio Macri, contra Norberto Cassano, del Departamento de Esparcimiento; y Pablo Seiskuscas, director de Habilitaciones Especiales; y el inspector del gobierno porteño Carlos Mustapich.