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Revés de Macri por las escuchas

La Cámara Federal declaró "inadmisible" un intento por llegar a la máxima instancia de la Justicia penal. La Sala I de la Cámara, integrada por los jueces Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, denegó un recurso interpuesto por la defensa de Macri contra una decisión que había rechazado profundizar las pruebas vinculadas con la declaración de un supuesto agente de inteligencia que fue central en la decisión del juez Norberto Oyarbide de procesar al mandatario.

El planteo también había sido formulado por la abogada Valeria Corbacho, defensora del policía-espía Ciro James, también procesado en la causa.

"No se advierte -ni el incidentista ha demostrado suficientemente- la existencia de un perjuicio de imposible, deficiente o tardía reparación ulterior causado por la resolución impugnada que revista el carácter excepcional", sostuvieron los camaristas, al advertir que eventualmente esa medida reclamada por la defensa de Macri podrá ser planteada en la etapa de juicio oral.

La controversia gira en torno al llamado anónimo que disparó la causa y que, según la defensa de Macri, habría sido realizado por un agente de la Secretaría de Inteligencia, con intencionalidad política, para advertir al dirigente de la comunidad judía Sergio Burstein que estaba siendo espiado ilegalmente.

Macri sostiene que esa prueba que dio inicio a la investigación debe ser profundizada pues se trataría de un elemento nulo, que podría hacer caer toda la causa.

La declaración de "inadmisibilidad" del planteo intentado por Macri para llegar hasta la Cámara Nacional de Casación Penal no cierra definitivamente esa instancia, ya que sus abogados aún pueden intentar la revisión de la medida por vía de un "recurso de queja".

En la causa está procesado también el comisario retirado Jorge "Fino" Palacios, quien estuvo detenido desde noviembre de 2009 hasta diciembre pasado, acusado de haber ordenado como jefe de la Policía Metropolitana espionaje a través de la intervención de teléfonos de empresarios, abogados y opositores al Gobierno porteño.

Al igual que su ex segundo en la fuerza, Osvaldo Chamorro, está imputado del delito de violación de los deberes de funcionario público.

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