Nueva normativa por el riachuelo
El saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo fue requerido el 20 de junio de 2006 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño en el marco de una causa judicial por daños ambientales.
Desde entonces, la corte realiza audiencias públicas para recepcionar los informes de los tres gobiernos sobre los avances en los trabajos de limpieza de la cuenca, mientras la ACUMAR lleva adelante inspecciones en la fábricas instaladas en la zona.
El máximo tribunal designó, además, al juez federal Luis Armella para el seguimiento del cumplimiento de su sentencia.
La disposición 661/2012 publicada en el Boletín determinó que se deberán asentar "todas las pólizas de seguro ambiental presentadas a la ACUMAR por los titulares de los establecimientos radicados en el ámbito de la cuenca, así como los incidentes o contingencias ambientales denunciados por los mismos" ante el organismo.
La entidad, con la resolución, advirtió que "el titular del establecimiento que incumpla con la obligación de denunciar ante la ACUMAR cualquier incidente o contingencia que se produzca en su establecimiento que fuera susceptible de producir un daño ambiental de incidencia colectiva en un plazo no mayor a 24 horas de producido el hecho será sancionado".
El organismo, en ese sentido, alertó que será aplicada "una multa cuyo monto será el producto de siete módulos por el coeficiente que corresponda, conforme lo regulado en el Reglamento de Sanciones de la ACUMAR", presidida por el secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi.
En la disposición, la ACUMAR modificó el universo de las compañías alcanzadas por la obligación de contratar el seguro ambiental, previsto en la resolución del organismo 34/2010.
El organismo dispuso que será exigida "la presentación del seguro ambiental solamente a aquellos titulares de establecimientos que verifiquen un nivel de complejidad ambiental identificado como categoría 2 ó 3", según lo establecido en la resolución de la secretaría de Ambiente 177/2007 y sus modificatorias.
En octubre, la responsabilidad en el saneamiento del Riachuelo enfrentó en una polémica a los gobiernos nacional y porteño tras un reclamo de la presidenta Cristina Fernández para que la ciudad de Buenos Aires "ponga la misma fuerza, las mismas inversiones" que Nación y provincia en la limpieza de la cuenca.
En esa oportunidad, la vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, aseguró que también es "prioridad" de la gestión de Mauricio Macri el saneamiento del Riachuelo y convocó a la Casa Rosada a "trabajar juntos".
Que se aplicarán para las empresas que funcionen en proximidades del río y eviten denunciar incidentes que puedan producir daños ecológicos de "incidencia colectiva".