Rechazo al pedido de Macri
Subterráneos de Buenos Aires S.E. había presentado un amparo para que se revoque la resolución de la ministra de Seguridad nacional, Nilda Garré, que había ordenado el retiro de 1196 efectivos del subte para que sean reemplazados por la Policía Metropolitana.
El ministro de Justicia y Seguridad porteña, Guillermo Montenegro, opinó que la decisión que adoptó la Justicia "no significa quitar los efectivos de la Policía Federal que custodian la red de subterráneos", al tiempo que sostuvo que "es una muy buena decisión judicial porque está diciendo que los jueces no son los que tienen que gobernar, sino los políticos, y manifiesta además que la decisión es política".
El funcionario porteño manifestó que "la Justicia dice que los actos del Ministerio de Seguridad no pueden ser revisados por esa vía. Eso no quiere decir que se saquen los efectivos de la Federal", y afirmó que "la responsabilidad en los subtes es de Nación, es de Garré, hasta que se defina el traspaso de los subtes en una reunión entre el jefe de Gobierno Mauricio Macri y la Presidente".
La justicia de la ciudad había ordenado que la Federal continúe en el subte, lo que fue ratificado por Ailán a principios de abril hasta tanto resuelva el planteo de fondo.
"Las decisiones tomadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, motivo del presente amparo, son decisiones que toma el órgano de la Administración bajo su responsabilidad, en virtud del principio de la división de poderes y en el marco de sus atribuciones, valorando la oportunidad, mérito y conveniencia", sostuvo la jueza.
Así, la magistrada, en el fallo agregó esas decisiones son de "exclusiva competencia" del Poder Ejecutivo por lo que "exceden la revisión jurisdiccional" de la Justicia.
"Que esta concepción restrictiva del control judicial sobre las cuestiones políticas pone el acento en la necesidad de impedir el llamado ´gobierno de los jueces´ a efectos de resguardar el principio de equilibrio en que se nutre la doctrina de la separación de poderes", completó.
El conflicto por la seguridad en los subtes se da mientras los Gobiernos nacional y de la ciudad discuten por la administración de ese servicio de pasajeros.
Macri había aceptado a principio de enero el traspaso del subte y aumentó la tarifa de 1,10 a 2,50 pesos pero luego lo devolvió alegando que el Gobierno de Kirchner no le transfería los subsidios acordados.
El Congreso Nacional aprobó una ley por la cual declara el traspaso a la órbita porteña, mientras sigue vigente la extensión de la custodia de la Policía Federal en los subtes ordenada por Kirchner.