Macri en las puertas del juicio oral
"Todo este tema de las escuchas telefónicas es un invento hecho por el kirchnerismo para complicar el día a día de la gestión de la Ciudad, un lugar donde la gente piensa distinto de lo que el gobierno kirchnerista está impulsando", sostuvo.
"La semana pasada anuncié que dentro de este esquema de trabar, obstruir, fundir la Ciudad, no me extrañaría que volvieran con los jueces que, por supuesto, ellos logran controlar y por suerte no es la mayoría sino una minoría. Oyarbide es el número uno", agregó.
Y también acusó a los camaristas que intervinieron en la causa y descartó pedir licencia para enfrentar el juicio oral
Junto con Macri están acusados el espía Ciro James, el frustrado jefe de la Policía Metropolitana Jorge "Fino" Palacios y el ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski, dos ex jueces misioneros (uno de los cuales ya murió), una secretaria y tres policías de esa provincia.
A todos se les imputa formar parte de una red de espionaje a través de la cual se intervinieron teléfonos de manera ilegal a empresarios, políticos, abogados y dirigentes sociales.
Macri está procesado por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documento público e intercepción de llamadas por la "pinchadura" a los teléfonos de su cuñado, Néstor Leonardo, y del dirigente de Familiares y Amigos de Víctimas de la AMIA Sergio Burstein, quien se oponía a la llegada de Palacios a la Policía Metropolitana por la acusación de encubrir el atentado a la mutual judía.
Los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah ratificaron en julio del año pasado el procesamiento de Macri, dictado por Oyarbide, y señalaron que el Jefe de Gobierno porteño "conoció y prestó su consentimiento para instalar un aparato de inteligencia prohibido y clandestino" del que "se habría servido".
Si bien en la causa todavía están pendientes planteos de la defensa de Macri y del resto de los imputados en la Cámara Federal de Casación Penal, el juez Oyarbide -como subrogante del juzgado federal número siete- consideró que el paso del tiempo, unos dos años desde que los procesamientos quedaron firmes, justifican acelerar los plazos del expediente.
Así, los primeros en notificarse sobre la clausura del sumario serán los abogados defensores y los querellantes, quienes dispondrán de cinco días hábiles para pronunciarse.
Luego será el turno de la Fiscalía, que deberá postular la elevación a juicio oral, y después el juez mandará el expediente a la Cámara Nacional de Casación Penal para que sortee qué tribunal oral deberá intervenir.
Todos estos pasos son apelables ante la Cámara Federal y la Cámara de Casación, y si bien tienen pocas posibilidades de éxito, podrían estirar los tiempos de la causa.