Repudio por vandalismo
El Vicepresidente 1º de la Legislatura, Cristian Ritondo, se manifestó en contra de las pintadas realizadas en la Legislatura porteña y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad por agrupaciones de izquierda, que protestaban por el desalojo de los okupas de espacio publico en el barrio de Lugano.
Al respecto, Ritondo señaló "considero que el pueblo debe tener expresiones. Deben darse manifestaciones. Pero en este tipo de casos, confunden lo público y representan intereses que tienen que ver con actos vandálicos, envían un mensaje de violencia social".
En tal sentido, Ritondo aseguró "entiendo la demanda de derechos, pero en la búsqueda de ello no es necesario afectar un bien público, algo que perjudica a toda la sociedad. Es daño por el daño mismo. Se ha dado el caso de ciertas organizaciones estudiantiles que han decidido protestar sin pintar ni pegar afiches para no incidir negativamente en los gastos de la institución".
"No es posible que no puedan comprender los gastos que se generan en el presupuesto de la ciudad. Estos actos de vandalismo son pagados con los impuestos de todos los ciudadanos", finalizó.
Por su parte, la Directora General de Patrimonio de la Legislatura Porteña, Mercedes de las Casas, manifestó que el Parlamento "es un monumento histórico de todos los argentinos. Es un hito arquitectónico que debe ser resguardado y conservado entre todos".
También destacó los costos que este tipo de pintadas generan a la Ciudad. "Cada acción de vandalismo como el ocurrido en el día de hoy, le cuesta a los ciudadanos entre $300 y $400 mil (entre $140 y $150 mil solo el frente de Perú) y no sólo el daño reside en las pintadas sino que cada vez que se procede a una limpieza, se va perdiendo material original de la construcción. Es por ello, que es nuestro deber conservar el Patrimonio de todos y realizar las denuncias pertinentes".
Cabe señalar que en la sesión del 17 de julio de este año se sancionó una Ley del PRO para que se graven sanciones ante pintadas y grafitis en edificios, lugares públicos -establecimientos educativos y hospitalarios-, estaciones y vagones de subtes o trenes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
La misma establece que quien mancha o ensucia por cualquier medio bienes de propiedad pública o privada, es sancionado con uno a quince días de trabajos de utilidad pública o 200 a 3.000 pesos de multa. La sanción se eleva al doble cuando la acción se realiza desde un vehículo motorizado o cuando se efectúa sobre estatuas, monumentos, templos religiosos, establecimientos educativos y hospitalarios, edificios o lugares públicos, estaciones y vagones de subterráneos o de trenes.